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El director de uno de esos colegios que reciben dinero de todos por estar concertados pero que, legalmente, optan por separar la educación de los niños de la de las niñas atendiendo –es su versión oficial- a una particular visión de la diferente maduración de unos y otros –las niñas, dicen, maduran antes-, decía ayer en este periódico que esta decisión no es discriminatoria –es cierto, a nadie se discrimina-, está ajustada a derecho –correcto- y que una sociedad progresista es aquella que amplía derechos y no los excluye, algo con lo que nadie está en desacuerdo. Sin embargo, comete el error de decir, con toda su buena intención, que, “al margen de las respetables opiniones de cada cual, si este tipo de educación no es discriminatoria, el debate se sitúa entonces en la libertad de elección del centro”. No. En primer lugar, todas las opiniones no tienen por qué ser respetables, sí respetadas. Y, en segundo, no se discute la libertad de elección, sino la libertad de la sociedad en su conjunto de optar por pagar o no con dinero público un sistema educativo que quizá sea efectivo pero que en ningún caso es lógico, estando como estamos todos –ellas y nosotros- condenados a entendernos y a conocernos desde que somos pequeños, al margen de los sobrevalorados resultados académicos. No se puede tratar de comparar –como hace él- la educación en euskera, en inglés, en jornada continua o partida con el hecho de que los niños sólo estén con niños y las niñas con niñas. Es como entrenar por separado a defensas, medios y delanteros desde los 6 años y luego juntarlos a los 16. Serán, cada uno por su cuenta, unos especialistas buenísimos, pero a la hora de hacer equipo harán aguas por todas partes y necesitarán reajustes que tal vez lleguen demasiado tarde. No con mi dinero.