Sentido común

Nos guste o no, nos revuelva más o menos, los abogados hacen su trabajo y su trabajo es defender lo que a otros no parece indefendible. Por eso hay personas que no podrían ser abogados, de la misma manera que hay personas que no podrían ser médicos, juezas, forenses o camareros. Para todo hay que valer. Lo surrealista del caso de Nagore Laffage, diga lo que diga ahora el juez, no es, a mi entender, tanto lo que hasta ahora ha pasado –siendo gravísimo, con un jurado al que no juzgo pero que ha dado por supuesta y comprobada en varias de sus respuestas la versión de un acusado que dice no acordarse de mucho pero que curiosamente se acuerda de todo lo que le favorece o al menos no le perjudica y, eso sí, de haber estrangulado a Nagore-, sino, en general, la profunda desazón que nos deja la ley, incomparable con el dolor de una familia, pero que nos deja lo suficientemente asqueados como para no querer creer ya jamás o durante mucho tiempo en eso que se llama igualdad ante la ley. Una ley que permite rebajar la pena si hay dinero de por medio no es una ley, es un mercao persa, que establece distingos entre los que tienen o pueden tener acceso al dinero y los que no lo tienen o no pueden acceder a él. Una ley que da crédito a algo tan vago y subjetivo como es el arrepentimiento no es una ley, es trasladar a la vía judicial lo que podría ser defendible exclusivamente en los ámbitos privados que establecemos unas personas con otras. Diga lo que diga el juez, este caso nos aleja aún más si cabe de poder creer que estamos en una sociedad en la que, siendo triste y hasta duro de aplicar, el que la hace la paga y la paga con su ausencia durante el tiempo estipulado razonable y con su inhabilitación para relacionarse con los demás tal y como merece a juicio del sentido común.